El pasado 29 de enero la Comisión Nacional de Profesionales y Técnicos (CNPT) del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV) realizó un Pleno Nacional de educadores y trabajadores y trabajadoras del sector educativo universitario, con el fin de profundizar la discusión sobre la universidad venezolana, y especialmente ahondar en el debate nacional sobre el proyecto de Ley de Educación Universitaria (LEU).
Vladimira Moreno, responsable de la Comisión y miembro del Comité Central, resaltó la necesidad de no abandonar la discusión sobre la educación venezolana, y avanzar en su actualización permanente a la luz de las grandes transformaciones que el pueblo trabajador viene generando día a día.
Por ello, los y las comunistas han abordado esta discusión como una continuación del gran debate abierto en el país desde hace varios años, y profundizado desde la Constituyente, cuando varias organizaciones ligadas al área de la educación vieron la necesidad de generar cambios fundamentales en el sistema educativo de forma integral, adecuándolo al proyecto de refundación nacional establecido en el proyecto país aprobado con la Constitución de 1999.
Asimismo, esta discusión fue profundizada en el marco de unas fuertes contradicciones en el campo de la lucha de clases, durante la aprobación de la Ley Orgánica de Educación, documento base de las leyes especiales y reglamentos que terminarán de regir la materia educativa y su transformación.
Desde luego, este debate nacional que ha marcado en varias oportunidades la agenda política de las organizaciones populares, y de los frentes de acción de la burguesía venezolana en colaboración con sus amos extranjeros, no puede estar desligado de la discusión sobre el modelo de sociedad que buscamos para refrendar nuestra soberanía nacional, transformar nuestra estructura económica, aprovechar nuestros cuantiosos recursos para la producción y beneficio colectivo, y asumir la liberación de los trabajadores y trabajadoras como principal bandera.
En efecto, las universidades venezolanas no han quedado fuera de esta discusión, y más cuando aún existen importantes núcleos de la educación técnica y profesional que se niegan a colocarse de cara a las necesidades reales del proyecto país que está en marcha; y más bien, buscan reproducir el sistema anacrónico e ineficiente de unas casas de estudio que poco aportan al desarrollo nacional en cuanto a producción intelectual y material, investigaciones pertinentes y servicio social con impacto real en la transformación integral del país.
El Pleno Nacional ha caracterizado esta visión de la siguiente manera: “nos encontramos con una educación universitaria sustentada en la educación tecnocrática la cual se fundamenta en la concepción del hombre y sus experiencias limitándolo a la orientación individual, negando la formación del hombre, de la mujer como producto del acumulado de los avances de la sociedad; se limita al desarrollo eficiente de la técnica para resolver los problemas sociales que confrontamos, menospreciando la economía política u otra ciencia social.”
Sin embargo, resulta necesario señalar la aparición y el éxito de nuevas casas de estudio a nivel universitario que han asumido la tarea de avanzar junto al pueblo trabajador, y aportar sus recursos hacia el desarrollo nacional. Universidades como la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada (UNEFA), Misión Sucre, Universidad nacional de la Seguridad (UNES), Uneartes, Universidad del Deporte, Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), y decenas de otras universidades, institutos y colegios técnicos son muestra de un modelo educativo corresponsable y coherente con el plan de desarrollo nacional, a pesar de las falencias que presentan en algunas oportunidades, y necesitan ser resueltas con la mayor participación de los estudiantes organizados, los profesores y profesoras y los trabajadores y trabajadoras, junto a la dirección del Estado Docente.
Esto lleva a los educadores y trabajadores y trabajadoras del sector educativo universitario a reafirmar su compromiso con la concepción del Estado Docente, sustentado en el principio indeclinable de asumir la educación en su carácter “integral, laica, en igualdad de condiciones y oportunidades, para todas y todos en el subsistema de educación universitaria.”
Para alcanzar tal fin, es necesaria la participación activa del Estado Docente: “El Estado es el responsable de la planificación, organización, dirección, acompañamiento, orientación y financiamiento del Sistema Educativo Nacional Bolivariano, atendiendo a los requerimientos socioculturales, económicos y políticos del país, enmarcándolo en un proceso de participación protagónica, de corresponsabilidad y desarrollo del Poder Popular”
Asimismo, y con base en la concepción de la nueva educación que necesita el proceso de liberación nacional, se debe “garantizar el desarrollo pleno e integral de las diferentes facetas de la personalidad de las y los ciudadanas y ciudadanos, la participación colectiva y corresponsable del pueblo, en la construcción de una sociedad justa donde primen los principios de libertad, paz, solidaridad, bien común, integralidad territorial, cooperación y convivencia.”
El Pleno Nacional ha considerado estos principios, junto a otros fundamentos de tipo filosófico, enfocado en el Humanismo Social, el cual centra su acción en la construcción de una sociedad justa, donde la educación y el trabajo liberador sean los motores para desarrollar todas las potencialidades del nuevo ciudadano y la nueva ciudadana; epistemológico, basado en la construcción colectiva, continua y permanente del conocimiento, mediante la percepción crítica y reflexiva de los saberes, de la investigación antidogmática y del accionar de nuestro entorno; ontológico, concibiendo al ser humano en constante desarrollo, en interacción con su medio; político, como derecho humano y los espacios donde se desarrolle medios para la práctica del sistema democrático, de justicia y de participación social y protagónica de los ciudadanos y ciudadanas; y lo histórico, asumiendo las ideas de la Educación Pública definida en sus fines, organización y supervisión por Simón Bolívar; en la Educación Popular para desarrollar hombres libres de Simón Rodríguez; el carácter gratuito y obligatorio de la Educación en el establecimiento del Estado Docente de Luis Beltrán Prieto Figueroa; la Educación del Pueblo de Paulo Freire y la Educación Integral de Belén Sanjuán.
Estos, junto a otros aspectos de la vida universitaria, conforman la hoja de ruta para el debate colectivo y nutrir la discusión nacional sobre la Ley de Educación Universitaria, para lo cual la Comisión Nacional de Profesionales y Técnicos llama al fortalecimiento y la movilización del Frente de Profesionales y Técnicos “Belén Sanjuán”, en la defensa de una educación popular y democrática y por la construcción de una universidad acorde con los grandes intereses del pueblo trabajador, y no con los caprichos de una minoría burguesa.
